Luego de 12 años de trámitación en el Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó para su promulgación la ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, normativa que adapta los procesos de adopción a las diversas leyes que se han dictado en los últimos años en el país.
La nueva normativa pone en el centro el interés superior del niño, niña o adolescente adoptado, garantizando en su artículo primero, su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, cualquiera sea su composición, que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer todas sus necesidades, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen.
Desde la Cámara informaron que “la propuesta legal se organiza en nueve títulos o capítulos, desde las disposiciones generales -con sus principios, derechos y garantías-, las reglas generales de la Declaración de Adoptabilidad, los procedimientos de adopción, tanto nacional como internacional, la conservación de información y búsqueda de orígenes, y las prohibiciones y delitos, entre otros puntos”.
Entre los elementos a destacar, se recoge “el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído. Esto en cualquier etapa del procedimiento. Además, considera que si el niño, niña o adolescente manifiesta alguna preferencia relativa a la familia adoptante, el juez deberá tenerlo en especial consideración”, sostuvieron.
Asimismo, se “garantiza el derecho de los NNA a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente en los procedimientos regulados en esta ley”.
Además, “el sistema de adopción incorpora el derecho a la identidad y a conocer los orígenes de los NNA. De este modo, se establece que las personas adoptadas podrán conocer su origen biológico, la identidad de sus progenitores y hermanos biológicos, la información relativa a sus orígenes y a su historia previa a la adopción”.
Nuevo proceso de adopción
En la Cámara de Diputadas y Diputados detallaron que “uno de los principales puntos que aborda la nueva legislación es acotar los plazos de las intervenciones previas a la adopción, para reducir el tiempo que demora este proceso. Actualmente un proceso de adopción, dependiendo de las circunstancias de la situación familiar, podría llegar a tardar hasta 8 años. Con la propuesta aprobada esto se podría reducir a dos años”.
Además, explicaron que “en casos excepcionales, que una Familia de Acogida pueda solicitar la adopción de un menor a su cargo. Esto será factible si el menor ha permanecido con dicha familia al menos 18 meses de forma ininterrumpidos”.
Igualmente, se dispuso que “en ningún caso podrá declararse la adoptabilidad por falta de recursos económicos de los progenitores o de algún otro miembro de la familia de origen, para el ejercicio del cuidado personal del niño, niña o adolescente. Tampoco podrá fundarse dicha declaración en motivos que constituyan discriminación arbitraria”.
Con la nueva normativa se regula también “el procedimiento de adopción por integración. Este procedimiento tiene por finalidad que un NNA que no tiene contacto personal y regular -por al menos dos años consecutivos con uno de sus progenitores-, y está bajo el cuidado del otro progenitor, pueda ser adoptado por el cónyuge o conviviente civil o de hecho de este”, sostuvieron
Respecto del “procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria con fines de adopción, se regula que este se iniciará con una solicitud ante el tribunal de familia competente, de la o los progenitores, de forma previa al nacimiento o hasta 18 meses después del nacimiento. En el caso de la solicitud previa al nacimiento, solo puede solicitarlo la persona embarazada”. De igual forma, la retractación es un derecho irrenunciable.
