Por medio de un comunicado, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que se solicitó este viernes 27 de junio el desafuero del diputado, Joaquín Lavín León, quien se encuentra investigado por delitos de fraude al fisco, causa en la que también existen otras personas involucradas.
La petición fue presentada por la fiscal, Lorena Parra, y será evaluada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinará si existen o no antecedentes para desaforar al exmilitante de la UDI.
La Fiscalía detalló que “las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional”.
Joaquín Lavín León está siendo investigado por el Ministerio Público por un eventual uso de facturas ideológicamente falsas, para supuestas asesorías externas, las cuales fueron emitidas para su pago al Congreso Nacional.
La Fiscalía, en tanto, lo indaga por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.
La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del parlamentario de derecha, es por una presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ya que Lavín León habría operado en conjunto con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes.
Una de las maniobras más llamativas consistió en la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, de acuerdo a la investigación, se encuentra inactiva desde 2022.
“El objetivo era obtener reembolsos indebidos desde el Congreso Nacional”, sostiene el CDE en el documento ingresado al Ministerio Público, donde además se solicita que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se haga parte de la causa ante la eventual existencia de delitos tributarios.
El 29 de octubre de 2024, en tanto, la Policía de Investigaciones allanó las oficinas del legislador en el Congreso Nacional, incautando computadores, teléfonos y documentación física.
