Desde la Contraloría General de la República (CGR) dieron a conocer un nuevo informe sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público, luego de analizar un listado de 10 111 licencias emitidas entre 2020 y 2022 por un número acotado de médicos, que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público.
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Según el organismo, en total son “3532 empleados públicos los que presentaron licencias médicas emitidas por alguno de los 44 facultativos que son investigados penalmente por la Fiscalía por entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones”.
La Contraloría detalló que “al cruzar esta información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras bases institucionales, la CGR detectó que de las 6632 personas receptoras de estos documentos -contenidas en el listado del ente persecutor- los 3532 funcionarios ya mencionados se encontraban en ejercicio a junio de 2025. Además, se verificó que un 79 % de las licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, con un total de 192 781 días de reposo autorizados”.
En el ente contralor agregaron que de “los 44 médicos investigados, todos de nacionalidad extranjera, se identificó que 10 ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024 y 5 de ellos no contaban con su Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), requisito para desempeñarse en el sistema público de salud”.
El informe de la Contraloría señala “que estas licencias médicas fueron emitidas a trabajadores de todo el territorio nacional en servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; SLEP; Gendarmería y en otras entidades, incluyendo privadas”.
Asimismo, se “detectó que 5284 trabajadores que tuvieron licencias en el periodo 2020 – 2022, volvieron a hacer uso de ellas durante 2023 – 2025. De estos documentos, 1208 fueron otorgados por seis de los mismos médicos investigados por el Ministerio Público".
La Contraloría General de la República informó finalmente que “notificará a los organismos públicos que actualmente cuentan con funcionarios en ejercicio, con el objetivo de iniciar los sumarios respectivos, toda vez que como en estos casos existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa de los mismos no habría prescrito”.