La ministra de Salud, May Chomali, expresó reparos frente a la polémica indicación presentada por el Gobierno en el proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas de migrantes irregulares.
La propuesta, impulsada por la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, permitiría que la autoridad migratoria solicite información personal a organismos públicos y privados, incluidos hospitales, consultorios y establecimientos educacionales, respecto de extranjeros que enfrenten procedimientos migratorios en curso.
Entre los antecedentes que podrían requerirse figuran domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos personales de migrantes en situación irregular.
Sin embargo, desde el Ministerio de Salud marcaron distancia de la iniciativa. En conversación con Radio 13C, Chomali aseguró que la medida genera inquietud dentro de la cartera.
“Lo estamos mirando con bastante preocupación, porque nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el código sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente“, afirmó la ministra.
La secretaria de Estado además advirtió que existen límites legales respecto al manejo de información clínica y datos entregados en contextos de atención médica.
“Nosotros no podemos desde Salud negar una atención, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población (…) No podemos ir en contra de la ley”, aseguró.