En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast, anunció en materia penitenciaria, una profunda reforma al sistema carcelario, con foco en el fortalecimiento de Gendarmería, el aumento de las medidas de seguridad en los penales y la ampliación de la infraestructura disponible en el país.
El Mandatario destacó que, tras la aprobación de una ley en el Congreso, Gendarmería inició su transición para depender del Ministerio de Seguridad Pública, proceso que, según señaló, apunta a convertir a la institución en un cuerpo armado de excelencia.
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Asimismo, aseguró que el gobierno busca recuperar el control de las cárceles y evitar que continúen siendo espacios desde donde operan organizaciones criminales. “No es posible que nuestras cárceles sigan funcionando como escuelas del delito, ni que los jefes del crimen organizado continúen operando sus bandas desde el interior de un penal, dando órdenes por teléfono como si los muros no existieran”, afirmó.
En esa línea, anunció que durante los próximos días comenzará un proceso de fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad en los recintos penitenciarios del país. La iniciativa contempla la incorporación de nuevas tecnologías, mayores controles de acceso y comunicaciones, además de una segregación más estricta de los internos según su nivel de peligrosidad y compromiso delictual.
Junto con ello, el jefe de Estado presentó el Plan de Infraestructura Penitenciaria 2030, que calificó como la mayor modernización del sistema carcelario en más de tres décadas. El proyecto considera la incorporación inicial de más de 20 mil nuevas plazas a nivel nacional con el objetivo de reducir el hacinamiento en los recintos penales.
“Construir cárceles modernas, seguras y suficientes no es un gasto, es una inversión en la seguridad de todos los chilenos”, sostuvo.
No obstante, el Presidente enfatizó que la estrategia no solo contempla el aumento de la capacidad carcelaria, sino también medidas orientadas a la reinserción social. Según explicó, el nuevo modelo penitenciario combinará altos estándares de seguridad con programas de educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones e intervención especializada, mediante un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.
“Una cárcel que solo encierra y no se ocupa de la rehabilitación, termina devolviendo a la calle a delincuentes más peligrosos que cuando entraron”, advirtió.
Finalmente, reiteró que la política de seguridad del gobierno buscará equilibrar el control sobre quienes cometen delitos con oportunidades de reinserción para quienes opten por reconstruir sus vidas fuera de la delincuencia.