Este lunes 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cuenta pública ante el Congreso y el país tras asumir su cargo el pasado 11 de marzo. Una de las medidas que anunció fue la creación del Registro Nacional de Vándalos.
Esta medida apunta a endurecer las sanciones contra quienes dañen bienes públicos, participen en hechos de violencia o atenten contra funcionarios. La iniciativa contempla incluso la pérdida de beneficios sociales para quienes figuren en el listado.
En ese contexto, anunció que la iniciativa será presentada en los próximos días y tendrá como objetivo establecer un registro oficial de personas condenadas por determinados delitos e infracciones relacionadas con actos vandálicos y desórdenes públicos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio fue la intención del Ejecutivo de vincular este registro con la entrega de beneficios sociales. El Mandatario adelantó que quienes formen parte de la nómina podrían perder o quedar excluidos de determinadas ayudas estatales.
“Esto de que no hay responsables se va a terminar”, aseguró, agregando que quienes incurran en estas conductas “perderán beneficios sociales”. Asimismo, planteó que personas incluidas en el registro tampoco debieran recibir beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La crítica del senador
El senador Karim Bianchi en una entrevista con Biobío fue crítico con este anuncio de Kast, apuntando a una desigualdad ante la ley. “Cuando un Gobierno quiere combatir el crimen y, además, anuncia, por ejemplo, proyectos como este Registro de Vándalos, pero Registro de Vándalos son personas que cometen incivilidades: andar borracho en la calle, consumir droga en la calle, y se les quita un beneficio social; pero a alguien que se colude no se le quita un beneficio social”.
“Entonces, pareciera que el castigado es el más pobre. Cuando se trata de ver delitos económicos, también se abstienen. Entonces, es como si tuvieran una agenda de seguridad para combatir al delincuente de barrio. Y acá el delincuente tiene que estar, en todos sus aspectos, bajo la misma lupa. No me parece que haya privilegiados en el ámbito delictual”, añadió.
En esa misma línea, afirmó que sí faltan castigos más severos con los delincuentes de “cuello y corbata”. “Ahí había una oportunidad en el proyecto que vimos de inteligencia económica, y demostraron que para ellos es importante quizás el migrante, el delincuente común, y no así el delincuente que puede coludirse, que puede sacar fondos de un banco al extranjero. Entonces, ahí se me contrapone el Gobierno”.
“Es fácil decirle a una persona, no sé, alcohólica, que está botada en la calle, que le vamos a sacar la PGU, pero parece que es difícil decirle a un empresario que le vamos a quitar su devolución de impuestos, por ejemplo, si comete un delito de colusión. Entonces, yo creo que la vara es muy diferente”, declaró.