El proyecto de ley que crea el denominado Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos continúa generando debate en el Congreso. La iniciativa, presentada por el Gobierno, busca identificar a personas condenadas por una serie de conductas que afectan el orden público y los espacios comunes, estableciendo además consecuencias administrativas mientras permanezcan inscritas en la nómina.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la duración de las inscripciones. Según el texto ingresado al Parlamento, quienes sean condenados por delitos considerados actos vandálicos permanecerán en el registro durante cinco años. En el caso de infractores menores de 18 años, el plazo se reducirá a dos años.
Para las conductas catalogadas como incivilidades, en tanto, la permanencia será de un año, una vez que exista una resolución judicial firme que ordene la incorporación de la persona al sistema.
¿Qué ocurre si existe reincidencia?
La iniciativa también contempla sanciones más severas para quienes vuelvan a cometer este tipo de hechos mientras mantengan una inscripción vigente.
En el caso de los delitos vandálicos, cada nueva condena implicará la extensión del plazo de permanencia en el registro. Para las incivilidades, la primera reincidencia aumentará la inscripción a dos años, mientras que posteriores infracciones podrían elevarla hasta tres años.
Una vez cumplido el período correspondiente y siempre que no existan nuevas sanciones, la inscripción será eliminada automáticamente por el Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo que estará a cargo de administrar la plataforma.
Registro será público
El proyecto establece que el registro tendrá carácter público, por lo que cualquier ciudadano podrá consultar si una persona se encuentra inscrita, previa identificación y con un límite de cinco consultas al año.
No obstante, los antecedentes de menores de edad tendrán carácter reservado y no podrán ser revisados por terceros.
Consecuencias para quienes figuren en la nómina
Mientras una persona permanezca inscrita en el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, enfrentará diversas restricciones de carácter administrativo.
Entre ellas se contempla la imposibilidad de postular a determinados subsidios habitacionales y beneficios estudiantiles, acceder a algunos fondos concursables financiados por el Estado, renovar la licencia de conducir o el pasaporte, inscribir vehículos y propiedades, e incluso asistir a espectáculos masivos y partidos del fútbol profesional.
La iniciativa también considera que, en ciertos casos de reincidencia o respecto de delitos específicos establecidos por la ley, pueda suspenderse temporalmente el acceso a beneficios como la gratuidad en la educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera etapa de tramitación legislativa y deberá ser discutido por las comisiones respectivas antes de ser votado por el Congreso.