Con dos mil quinientas firmas, lienzos y afiches llegó un grupo de vecinos de Paine hasta el Ministerio de Bienes Nacionales para solicitar al titular de la cartera, Víctor Osorio, que continúe realizando gestiones para que la Plaza de Armas de la comuna, hoy en manos de Cema Chile, retorne al municipio y la comunidad.

El ministro señaló que “esta manifestación ciudadana pone en evidencia la grave e insólita situación que vive la comuna de Paine, donde se da la paradoja que la Plaza de Armas no es bien de uso público sino de propiedad privada que la recibió gratuitamente en 1986, en tiempos de la dictadura”.

“La petición que hace este conjunto de vecinos, me imagino que interpreta a la gran mayoría de los habitantes de Paine y nos alienta a seguir con nuestra investigación en todo el país para que logremos la mayor cantidad de antecedentes para disponer a la investigación que ha instruido la Corte de Apelaciones de Santiago, que dio un paso importantísimo al reabrir el caso”, añadió el secretario de Estado.

Cristián Cornejo, uno de los más de 50 vecinos que llegaron al Ministerio de Bienes Nacionales con cánticos como "Lucía, Lucía, de Paine no se ría", dijo que “tras conocer la denuncia, nos organizamos para recolectar firmas en distintos lugares de la comuna de Paine y la respuesta de la comunidad fue contundente, manifestando su repudio a la situación y un amplio apoyo para lograr la recuperación de nuestra plaza, objetivo por el cual seguiremos trabajando hasta lograr el objetivo final”.

Recordemos que la insólita situación fue dada a conocer por el ministro Osorio luego de una investigación desarrollada por las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales respecto del catastro de 134 bienes públicos que fueron transferidos, entre los que se cuenta la Plaza de Paine y al cual se han ido sumando más propiedades.

Dichos antecedentes fueron entregados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien a su vez los entregó a la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ordenó la reapertura del sumario en la investigación por presunta malversación de caudales públicos, con el propósito de investigar  el destino de los inmuebles fiscales transferidos gratuitamente en el régimen militar a la entidad presidida a perpetuidad por Lucía Hiriart de Pinochet.

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