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Vocero y oficio enviado a EEUU por fiscal sobre SQM: “Hay que dejar que hagan su trabajo”

El ministro Marcelo Díaz, además, comentó la condena a dos anarquistas chilenos otorgada por la justicia española.

  1. SQM: fiscalía alude a pagos de la empresa a campañas de Frei, Piñera y Bachelet

Este jueves se conoció que el fiscal Pablo Gómez, persecutor a cargo de investigar el denominado caso SQM, envió al Departamento de Justicia de EEUU un oficio donde solicitó asistencia internacional para indagar a la minera no metálica SQM.

Dicho texto solicita acceso a los documentos que se utilizaron como base para la auditoría externa realizada a la firma de Julio Ponce Lerou. Además, en su oficio el fiscal Gómez hace referencia a que en la investigación local se detectaron pagos «sin que exista un servicio a cambio, por parte de SQM a personas naturales o jurídicas vinculadas objetivamente» a partidos políticos.

A su vez, el escrito indica que existieron “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.

Consultado sobre la existencia de este documento el ministro vocero de Gobierno, MarceloDíaz, detalló en T13 Radio que «me parece evidente que se refiere a hechos que están siendo investigados por el Ministerio Público. Hay que dejar que los fiscales hagan su trabajo (…) Esto es una señal de sanidad institucional. Por más que cause conmoción que los fiscales hagan su trabajo con total libertad, habla bien de Chile».

«Lo que hemos dichos de manera reiterada que es al Gobierno no le corresponde pronunciarse sobre investigaciones que están en curso. Es más, lo tenemos vedado constitucionalmente, que los jueces hagan su trabajo. El Gobierno, en estos casos, debe ser no opinante», señaló.

A continuación, el secretario de Estado indicó que «si uno lee con detención, lo que veo es que los fiscales tratan de tener antecedentes adicionales».

Otro de los puntos tratados por el ministro Díaz, fue la condena de 12 años otorgada por la justicia española a dos anarquistas chilenos que atentaron contra una basílica. Ante esto, el vocero de Gobierno indicó que «es un proceso que se llevó ante la justicia española, no tiene relación con el proceso chileno y como gobierno tenemos que acatar»

«Lo que recuerdo es que efectivamente la producción de pruebas y el proceso de la fiscalía, y el gobierno de la época, mostró errores. Hay que estar siempre dispuesto a revisar los procedimientos», cerró.

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