El Gobierno de Venezuela acusó ayer de golpista a la fiscal general, Luisa Ortega, al rechazar las imputaciones que desde su despacho se han hecho en contra de los jefes de los cuerpos de seguridad que han reprimido las protestas y han ordenado detenciones que cada día se realizan en mayor número.
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Por su parte, la Fiscalía anunció este sábado la citación en calidad de imputado del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por violación de derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales.
Los cargos que se le imputan a González son «allanamientos arbitrarios», «privaciones ilegítimas de libertad» y «causas de personas que permanecen detenidas» pese a que ya se han emitido boletas de excarcelación desde los respectivos tribunales.
Razón por la cual, el vicepresidente, Tareck El Aissami, acusó a Ortega de «dirigir» o «formar parte» de un golpe de Estado al salir en defensa de González López, y del ex comandante de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) Antonio Benavides Torres, quien también fue citado por la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos.
Dijo que la fiscal actúa de forma sesgada como si fuera militante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y aseguró que Torres y González López «han garantizado la paz de la república, han evitado males mayores, muertes y han sido una suerte muro de contención del fascismo».
El Sebin y la GNB son dos de los organismos que han realizado allanamientos en residencias familiares sin la presencia del Ministerio Público y en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace tres meses en todo el país.
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta hoy 82 muertos y más de mil detenidos, incluyendo a una veintena de estudiantes universitarios que fueron apresados ayer, lo que no ha detenido la convocatoria a nuevas manifestaciones.
