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Si es cierto, ¿quién se queda con los mil barriles de oro?: el destino del legendario tesoro de Juan Fernández si se desentierra

Son más de 20 años desde que un empresario estadounidense-holandés realiza expediciones en la isla Robinson Crusoe. Se han conseguido anualmente los permisos para realizar las excavaciones, y por primera vez surgió un inconveniente que delató la fiebre por el oro en la isla. La ley de Monumentos le entregaría el 25% del botín al privado.

La búsqueda de un tesoro, que a simple vista parece un hecho pintoresco, terminó siendo la gran polémica de Fiestas Patrias, cuando se supo el fin de semana que Pablo Mira, director regional de Conaf en Valparaíso, salió de su cargo por oponerse a las excavaciones en busca de oro en Juan Fernández.

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El hecho tuvo todos los condimentos para una trama sabrosa: autoridades en entredicho, agrupaciones gremiales furiosas, un parque nacional en peligro y la leyenda de un botín perseguido por décadas. Desde ya, organizaciones piden echar pie atrás a la autorización, además de que varios apuntan directamente a transparentar la injerencia del ministro Felipe Ward en la autorización.

La expedición es idea del empresario holandés-estadounidense Bernard Keiser y tiene el total respaldo de Bienes Nacionales. ¿El problema? la misión involucra profanar territorios en el Parque Nacional de Juan Fernández.

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Mira se habría negado a autorizar el protocolo de las excavaciones y posteriormente habría renunciado. Si bien el ex director no se pronunció, el motivo de su salida fue confirmada por el Consejo Nacional de Guardaparques, quien prendió la mecha, además del gobierno regional y la seremi de Gobierno, Leslie Briones, según informó El Mercurio de Valparaíso.

Lo cierto es que la expedición por el tesoro de Juan Fernández está lejos de ser nueva, y lleva más de 20 años buscando desenterrar un botín de cerca de mil barriles de oro, joyas y piedras preciosas de distintos tipos, que datan del siglo XVIII. El incentivo es que el botín, valuado en unos US$10 mil millones, se repartiría en hasta un 25%-75%, siendo propiedad mayoritaria del Estado , en caso de ser cierto.

La historia se basa en una flota española (Nuestra Señora de Montecarmelo) que partió con una fortuna desde México con destino a Juan Fernández. En el trayecto, un almirante inglés la habría interceptado, para luego enterrar la fortuna en Puerto Inglés. Lo que le da más cuerpo a la leyenda es la correspondencia entre el almirante (Lord Anson) y otro navegante (Cornelius Webb), donde se habla de ir a desenterrar el tesoro. Dichos documentos terminaron en manos del ex empresario y político chileno Luis Cousiño.

Eso, más un mapa, son los antecedentes que llevaron a Keiser, empresario textil y cazatesoros, a conseguir un permiso para su primera expedición a Juan Fernández en 1998. De ahí en más, habría gastado unos US$5 millones en expediciones a la fecha, que incluyen episodios mediáticos en 2005 y 2007 con un robot en la isla.

Desde un principio, la iniciativa se ha visto con buenos ojos por parte de Monumentos Nacionales ¿La razón? de encontrar el botín, la repartición ya está hecha. Esto, porque gracias al artículo 25 de la Ley de Monumentos el 25% quedaría en manos del buscador de tesoros y el 75% restante queda en propiedad del Estado y se distribuye de acuerdo a un detalle estipulado en la ley 17.288.

 

Críticas

Los principales dardos caen para Bienes Nacionales y la injerencia del ministro Felipe Ward en el permiso. «Solo podemos manifestar nuestro más enérgico rechazo a esta irresponsable medida», señaló el Colegio de Ingenieros Forestales, mismo rechazo que expuso la agrupación gremial de guardaparques. Ambas, además, llaman a transparentar el papel del ministerio en la polémica.

Bienes Nacionales, a través de un comunicado, señaló que no tuvieron nada que ver, ya que la decisión  «debe ser ejercida por los organismos medioambientales competentes». En este caso, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) y la Conaf. Además señalaron que la expedición lleva varios años, cumplió todos los filtros ambientales, y sólo implica la intervención del 0,0004% del parque.

Como sea, fue el propio ministerio quien el 2 de septiembre anunció en su página que, luego de muchas gestiones y reuniones, el propio Ward intercedió para el permiso de Keiser. Consta, vía ley de Lobby, que el 15 de noviembre del año pasado el estudio de abogados de Keiser se reunió con Pablo Mira para la autorización de la expedición, cosa a la que se opuso. 

Si bien Ward no se refirió al respecto, el director ejecutivo de Conaf, Juan Manuel Rebolledo, aseguró ayer que la salida de Mira no tuvo como detonante al rechazo de la búsqueda del tesoro, sino que hacía referencia a temas de su gestión en Valparaíso. Mencionó, además, que la autorización se debía a que Keiser quería pasar de sondas con barras de hierro a maquinaria mayor, y que se autorizó luego de pasar por el Seia y la Superintendencia de Medio Ambiente.

 

 

 

 

 

 

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