De acuerdo con el registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante el 2020 se han registrado 26 femicidios. El último de ellos, el que le arrebató la vida a Ámbar Cornejo, una joven de 16 años que vivía en Villa Alemana.
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Fue asesinada, de acuerdo a los datos de la investigación que lleva adelante la fiscal María José Bowen, por la pareja de su madre: Hugo Bustamante. El hombre tenía antecedentes, y no por simples delitos. En 2005 había sido condenado a 27 años de cárcel por un doble homicidio, el de su pareja y el hijo de 9 años de ella, pero quedó en libertad condicional a los 11 años.
Ese pase a la reinserción -pese a que se conocían las brutales conductas que Bustamante era capaz de tener- y la omisión de las alertas que Ámbar lanzó, terminaron ligando el nombre de un femicida con una nueva mujer muerta, una joven de 16 años.
Las condenas a los hechos no se hicieron esperar. «Todos le fallamos a Ámbar», fue una de las frases que se repitió con fuerza una vez que se confirmó su deceso. Y desde el día de su desaparición, el miércoles 29 de mayo, diferentes actores advirtieron sus sospechas respecto de la presunta responsabilidad del padrastro.
Pero si Bustamante estaba libre de 2016, ¿por qué se esperó hasta esta tragedia para reconocer que hay deficiencias en el sistema? El problema, como plantea la abogada y vocera de la Coordinadora 8M Karina Nohales, es que se reduce la violencia machista a la criminalidad de uno o más sujetos. “En el caso de Ámbar, al igual que en muchos otros, han fallado un sin número de aspectos, antes, por eso ponemos el foco en levantar redes para cuidarnos”, aseveró.
Por ello, desde la Coordinadora ha impulsado un programa que busca transformar radicalmente el sistema, para que así la violencia no se siga reproduciendo. «Abordar la violencia machista exclusivamente desde las medidas punitivas no sólo no reduce las tasas de criminalidad, sino que no las previene. Eso termina reduciendo el problema a la responsabilidad individual de estos sujetos, manteniendo toda la estructura patriarcal que nos expone a estas violencias», subrayó Nohales.
«Para nosotras, justicia es que esto no pase o que al menos, todas aquellas condiciones que nos exponen a eso sean reducidas al mínimo. En el caso de Ámbar fracasa todo un modelo de protección de la niñez», sostuvo la abogada.
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Desde el Gobierno, la ministra de Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, dijo que se está trabajando en “impulsar una política preventiva. Nos estamos haciendo cargo de las nuevas realidades y queremos dar respuestas más integrales”.
En el mismo tono, el titular del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que «todos tenemos que exigir y buscar que las autoridades tienen que actuar con la máxima diligencia cuando se entregan beneficios a delincuentes que han asesinado a seres humanos (…) Si hubiéramos actuado con diligencia se podría haber evitado».
Aumentan cuestionamientos a jueces
A pesar de que desde el movimiento feminista aseguran que en lugar de buscar sanciones más duras hay que atacar los problemas de fondo de la violencia de género, las críticas contra quienes concedieron la libertad condicional a Hugo Bustamante han ido en aumento. Si bien el ministro de Justicia recalcó que los jueces actuaron de acuerdo a la normativa, la polémica no cesó.
De hecho, el diputado Andrés Longton anunció una acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien presidió la Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso en 2016. Asimismo, los diputados Andrés Celis y Claudia Marzán impulsarán una comisión investigadora por el caso.
Bustamante enfrenta formalización por asesinato de Ámbar
Luego de que el pasado viernes el Juzgado de Garantía de Villa Alemana determinara ampliar el plazo de la detención del único sospechoso del asesinato de Ámbar Cornejo, el Ministerio Público concretará la formalización del imputado en la audiencia fijada para las 9.00 horas de este lunes.
Hugo Bustamante, quien fue señalado por la madre de la joven como quien la mató, desmembró y ocultó el cuerpo en contenedores plásticos, permaneció recluido en dependencias de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Se explicó que el traslado se funda en que el detenido debe permanecer aislado del resto de los reclusos, condiciones que no eran viables en la Región de Valparaíso.
