Carabineros respondió el informe de Amnistía Internacional que pidió una investigación penal contra altos mandos, por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, señalando que contiene «imprecisiones y omisiones».
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Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, desde la institución lamentaron que «contenga una serie de imprecisiones y omisiones«, asegurando que «da por probadas algunas denuncias graves, pese a que se encuentran siendo investigadas por el Ministerio Público y deben ser juzgadas por los Tribunales de Justicia«.
En la misiva ejemplificaron con el caso de una supuesta violación de un joven en una comisaría, el que resultó ser falso «declarado así por los órganos competentes».
Por otra parte, agregaron que «entre octubre de 2019 y marzo del 2020 se produjeron 2.800 eventos graves» y en todos ellos «se hicieron los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desordenes públicos en cumplimiento con el mandato constitucional y empleo apego a las leyes vigentes«.
También manifestaron su compromiso con «la verdad y transparencia en todos los procedimientos» y aseguraron que «prueba de ello son las auto denuncias, incluyendo 1.270 procesos administrativos y la permanente colaboración con el Ministerio Público«.
Finalmente, desde Carabineros rechazaron que «sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes» y agregaron su «firme compromiso con el orden pública y la seguridad de todas las personas, con estricto apego a los DD.HH.»
