Un nuevo frente de conflicto se les abre a las Isapres con la demanda en su contra anunciada ayer por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, cuyo objetivo es que restituyan cobros que según el organismo fueron cobrados en exceso a los cotizantes al menos desde el año 2011 por más de 5.400 millones de dólares.
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La acción judicial ya fue admitida a tramitación por el 25° Juzgado Civil de Santiago, y también se busca que las aseguradoras privadas de salud paguen indemnizaciones, recargos y multas según lo que el tribunal estime pertinente.
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Las instituciones objeto de la demanda son las seis que forman la Asociación de Isapres (Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Más Vida y Vida Tres), que suman tres millones de afiliados.
La Odecu basa su reclamo en el hecho de que considera que esas empresas no bajaron el valor de las primas de las pólizas de los planes de salud, pese a que tenían que hacerlo conforme a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de septiembre de 2005.
LAS “VENTAJAS” DE LA DEMANDA
Stefan Larenas, presidente de la Odecu, señaló que “esta demanda es muy importante, pues los cobros excesivos realizados por estas Isapres representan una infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (19.496)”.
“Nosotros somos un interlocutor válido para contribuir a la solución de este problema, especialmente cuando las aseguradoras siguen cobrando lo que la Corte Suprema ratificó como ilegal hace años, al no disminuir los cobros por la tabla de factores”.
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Lo último se refiere a lo determinado en noviembre del año pasado por la Tercera Sala del máximo tribunal del país, que ordenó a las Isapres adecuarse a la tabla única de la Superintendencia de Salud, que rige desde abril de 2020.
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Al no amoldarse a esa tabla, de acuerdo a algunos cálculos las Isapres tendrían que devolverles a los cotizantes mil 400 millones de dólares, cifra que las aseguradoras dicen les resulta impagable y llevaría a la quiebra.
Por ello desde hace casi tres meses es discutida en el Congreso la “Ley Corta de Isapres”, propuesta del Gobierno presentada el 9 de mayo luego de una larga espera, que busca darle viabilidad al sistema privado de salud y también fortalecer al Fonasa, que atiende a alrededor de 16 millones de personas.
El abogado de la Odecu, Esteban Barra, sostuvo que “en el marco de la discusión sobre los cobros excesivos de las Isapres, esta demanda tiene tres ventajas: es un mecanismo institucional para lograr el cobro, se evita la judicialización individual, y les da viabilidad económica a las aseguradoras al pedirle al tribunal una forma de pago que no las ponga en insolvencia, con lo que se resuelve el conflicto al que han aludido cuando se plantea que deben devolverles dinero a sus cotizantes”.
A LA ESPERA DE INFORME POR LA LEY CORTA
Desde comienzos de julio se reúne dos veces por semana -y lo hará hasta el 10 de agosto- un “Comité Técnico de Expertos” -integrado por los ministerios de Salud y de Hacienda, Fonasa, asesores parlamentarios, la Asociación de Isapres, la agrupación Clínicas de Chile y expertos de universidades y centros de estudios- para explorar vías que permitan a las aseguradoras cumplir con el fallo judicial que las obliga a devolver dinero a sus cotizantes por no usar la tabla única de factores, y a la vez seguir funcionando.
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El Comité asesora a la Comisión de Salud del Senado, donde está instalado el proyecto de Ley Corta. Y el presidente de esa Comisión, Juan Luis Castro, dijo que “nos entregarán un informe que permitirá simplificar el debate, pensando en la votación que debemos hacer”.
