La Cámara Baja entregó este martes un contundente respaldo a la Ley Karin luego de aprobar el proyecto por 138 votos a favor y sólo una abstención. La iniciativa, presentada en junio del año pasado, busca modificar el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
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El proyecto fue aprobado en general en abril de este año y posteriormente recibió el patrocinio del ejecutivo, condición básica para abarcar tanto al sector público como al privado. Esta universalidad, además, le permite a nuestro país cumplir con los compromisos adquiridos tras la ratificación del Convenio 190 de la OIT, en marzo de 2023.
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El avance del proyecto de ley
Erika Olivera, diputada y autora del proyecto de ley, señaló que esta iniciativa surge desde las diferentes organizaciones que han trabajado por años en torno a esta temática.
Especialmente “de la lucha que ha dado Claudia Salgado por reivindicar el nombre de su hermana Karin, quien se suicidó en noviembre de 2019, tras ser víctima de acoso laboral en el Hospital Herminda Martín, de Chillán”.
La parlamentaria reveló que han recibido cientos de testimonios de acoso laboral de trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas a lo largo de todo el país y que llama la atención la normalización de la violencia, por ejemplo, en el sector salud.
“Por eso solicitamos información a la Dirección del Trabajo y esta arrojó que entre 2017 y 2021, el organismo recibió 9.178 denuncias presuntivas por acoso laboral. La mayor parte de ellas se refieren a la vulneración de derechos como la integridad física, psíquica y la honra del trabajador o trabajadora y casi el 67% de las denuncias las realizan mujeres”, aseguró.
Salgado señaló que el día que despidió a su hermana Karin le prometió que no descansaría hasta lograr justicia para ella, y “que buscaría la forma de apoyar a quienes sufren acoso laboral para evitar el destino de Karincita”.
Presentan proyecto de ley contra el acoso laboral inspirado en Caso Karin Salgado
“En Chile se ha naturalizado el maltrato y los abusadores cuentan con la protección que les otorga la indiferencia de empleadores y compañeros”, señaló.
Emilia Segura, coordinadora de campañas en change.org Chile, comentó que “la petición creada en change.org por Claudia ha logrado reunir más de 30 mil firmas en nuestra plataforma. Este número representa a más de 30 mil personas que apoyan a Claudia, y que quieren que una ley que sancione y prevenga el acoso laboral sea una realidad”.
“Esta iniciativa es muy necesaria para llenar los vacíos en la legislación actual y hacerse cargo de situaciones de maltrato y acoso laboral. Vulneraciones de derechos que lamentablemente no son hechos aislados, y que terminan en decisiones tan drásticas como quitarse la vida, dejando mucho dolor en familiares y amigos”, indicó, por su parte, el diputado Andrés Celis.
“Como dirigente sindical durante 13 años, debimos enfrentarnos permanentemente a una legislación arcaica, cientos de denuncias de trabajadoras y trabajadores, muchas de ellas de acoso sexual, que no llegaron nunca a puerto. Después de cientos o miles de historias similares, llegamos siempre a la misma conclusión: no teníamos las herramientas suficientes para investigar, sancionar, reparar y mucho menos prevenir el acoso laboral”, explicó el diputado Andrés Giordano.
La diputada Marcela Henríquez, por su parte, hizo un llamado al Gobierno para que dé urgencia a la Ley Karin y a la Cámara del Senado para que “otorgue prioridad a esta norma, de modo que cuanto antes se convierta en ley y solucione las graves falencias del actual ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Cabe destacar que el proyecto de Ley Karin, de la congresista Olivera, cuenta con el patrocinio de las diputadas Camila Musante, Daniella Cicardini y Ximena Ossandón y de los diputados Celis, Mauricio Ojeda y Luis Cuello. Más el constante apoyo de diputados y diputadas de todas las bancadas
Los puntos relevantes del proyecto
1.-Se establece un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género respecto a las relaciones laborales, las que deberán fundarse en un trato libre de violencia y compatible con la dignidad de la persona.
2.- El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS) de una empresa, debe contener un protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, así como el procedimiento al que se someterán los trabajadores (as).
3.- Se incorpora el derecho de los trabajadores (as) de disfrutar de un espacio libre de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. Para ello, el empleador debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar su prevención, investigación y sanción, estableciendo para ello un protocolo de prevención, ya sea directamente o por medio de las mutuales.
4.- Adicionalmente al protocolo, se establece la obligación del empleador de informar semestralmente los canales que mantiene la empresa y el Estado para la recepción de denuncias por este tipo de conductas.
5.- La denuncia podrá realizarse de manera verbal o escrita, tanto a la empresa como a la Inspección del Trabajo. En caso de que se realice de manera verbal, quien la recibe deberá levantar acta de la misma, la que deberá ser firmada por el denunciante.
Una vez recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar todas las medidas de resguardo de los involucrado y deberá proporcionar al denunciante atención psicológica temprana, a través de las mutuales. Además, deberá para realizar la investigación se deberá designar preferentemente a un trabajador que cuente con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales.
6.- Junto con mantener la obligación de adoptar medidas o sanciones en el plazo de 15 días desde el término de la investigación, estas deberán ser informadas dentro del mismo plazo tanto al denunciante como al denunciado y en caso de despido por conductas de acoso laboral, el empleador deberá considerar la gravedad de los hechos investigados para su aplicación.
Si de los hechos investigados son constitutivos de delito, el empleador tendrá la obligación de, en un plazo de 48 horas, remitir los antecedentes al Ministerio Público.