Después de una semana que Daniel Sauer salió de prisión preventiva para cumplir la medida cautelar en arresto domicilio total, esta decisión se revocó y volvió al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
El empresario lleva más de un año en reclusión debido a su involucración en el Caso Audios. Esto por los delitos de estafa reiterada, administración desleal, invasión al giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.
El Ministerio Público apeló, y este viernes determinó que lo motivos que fueron presentados para revocar la medida cautelar de prisión preventiva, no eran suficiente. Así que, se consideró que debía continuar con la medida cautelar que se dictó en primera instancia, de acuerdo Biobío.
“Dada la gravedad de los delitos por los cuales ha sido formalizado, y las penas asignadas (…) en particular, se consideró que el transcurso del tiempo a su respecto no era un fundamento suficiente para sustituir la medida cautelar“, señaló el Fiscal de la Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya.
“O sea, no necesariamente que lleve un año sometido a prisión preventiva, va a justificar un cambio de medida”, añadió el fiscal.
Detalles del Caso Factop
Entre los principales imputados están los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, Luis Angulo (esposo de la anterior), los hermanos y empresarios Daniel y Ariel Sauer y su padre Alberto, Rodrigo Topelberg, los hermanos y empresarios Álvaro y Antonio Jalaff, y ocho ejecutivos de LarraínVial.
Delitos tributarios y el fondo de la corredora LarraínVial se tomaron la segunda jornada, en la que el Ministerio Público cifró en alrededor de seis mil 400 millones de pesos el perjuicio fiscal causado por Álvaro y Antonio Jalaff -exsocios del Grupo Patio- por concepto de declaraciones anuales de impuestos a la renta maliciosamente falsas.
A Daniel, Ariel y Alberto Sauer se les acusa de facilitar, mediante facturas falsas, documentos tributarios también falsos.
En tanto, a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo se les acusa de declarar impuestos maliciosamente por un perjuicio fiscal de 800 millones, 220 millones y tres millones de pesos, respectivamente.
