La Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Alejandro Angulo, uno de los cuatro condenados por el homicidio de Daniel Zamudio en 2012, ordenando a Gendarmería reevaluar su exclusión de la Comisión de Reducción de Condena. El fallo abre la posibilidad de que el interno, condenado a 15 años de presidio, obtenga una rebaja que podría adelantar su libertad antes de marzo de 2027.
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Angulo, sentenciado en 2013, cumple su pena en la Torre 2A de la cárcel de Colina Uno desde 2023. En junio pasado, su abogado, Ricardo Bravo, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago alegando que, pese a cumplir los requisitos legales —haber completado más de la mitad de su condena y mantener buena conducta—, no fue propuesto para el beneficio que permite descontar hasta dos meses por año de pena cumplida. Esto podría significar 26 meses menos de presidio, aun cuando solo le restan 19 meses para completar la condena.
Gendarmería justificó la exclusión en la Ley 21.421, vigente desde 2022, que impide la reducción de penas para ciertos delitos graves, entre ellos el homicidio de Zamudio. Sin embargo, Bravo sostuvo que su cliente comenzó a cumplir su condena antes de esa normativa y que “esta nueva ley no aplica para su caso”, calificando la decisión de “arbitraria”.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso, señalando que la exclusión estaba ajustada a la legislación vigente al momento del crimen. No obstante, la defensa insistió ante la Corte Suprema, que con cuatro votos contra uno falló a favor del interno. El máximo tribunal concluyó que “es aplicable al amparado el estatuto legal anterior a dicha reforma” y que excluirlo bajo criterios posteriores al delito constituía una “vulneración de la libertad personal”.
Bravo valoró la resolución como “correcta” y “ejemplar”, afirmando que “sienta un precedente importante en materia de control judicial sobre la administración penitenciaria”. Ahora, Gendarmería deberá determinar si Angulo puede postular al beneficio y, de ser así, enviarlo a la Comisión de Reducción de Condena. “Si Gendarmería cumple cabalmente con lo ordenado por la Corte Suprema y reconoce los meses por buena conducta injustamente excluidos, en el corto plazo, estaríamos con la libertad de Alejandro Angulo, pues la sumatoria de dichos beneficios podría implicar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta”, señaló, según consignó La Tercera.
El caso se produce luego de que el interno intentara sin éxito obtener beneficios penitenciarios en octubre de 2023 y abril de 2024, cuando la Comisión de Libertad Condicional y la Corte de Apelaciones lo rechazaron por “riesgo de reincidencia” y “limitada autocrítica frente a su delito”. Entonces, se advirtió que presentaba “rasgos de personalidad con potencial criminógeno” y que tendía a “minimizar” su responsabilidad, sin mostrar preocupación por las víctimas.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reaccionó con preocupación. Su dirigente, Rolando Jiménez, afirmó que si se aprueba la reducción, “será un peligro público”, recordando que Angulo “fue uno de los agresores más brutales de Daniel” y que incluso en 2020, desde prisión, “amenazó con asesinar a otras personas”.