El fuego cruzado que sostiene el Ministerio Público con Carabineros producto de las sospechas de montaje en la «Operación Huracán» está lejos de terminar. La posible falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación por “fabricación de evidencia” a raíz de mensajes implantados en celulares de imputados ya no sólo es área a discutir en el Juzgado de Garantía de Temuco, que ayer se declaró competente en la querella interpuesta por la Fiscalía en La Araucanía.
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Operación Huracán II
En paralelo, el Ministerio Público abrió una segunda investigación por los mismos delitos en la Región de Los Lagos, a raíz de las inconsistencias que el fiscal jefe del Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, Alejandro Ríos, habría encontrado en la indagatoria sobre la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser ocurrida el 28 de agosto del año pasado en dicha localidad.
Esto, luego que se descartara la participación en los hechos del comunero mapuche Patricio Antiago, quien aparecía mencionado en un informe policial como responsable de la quema a raíz de antecedentes obtenidos por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) de Temuco mediante la Ley de Inteligencia. Mismo procedimiento utilizado durante la investigación de los ocho comuneros mapuches vinculados a la CAM producto de un ataque incendiario en La Araucanía.
El polémico software «Antorcha» en el medio del fuego
Tales son las similitudes entre ambos operativos perpetuados por la inteligencia de Carabineros, que el ingeniero agrícola y forestal y creador de la aplicación «Antorcha», Álex Smith, fue citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la «Operación Huracán II».
Indagatoria que fue solicitada por el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez y la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel, quienes no descartan que los antecedentes de la investigación de San José de la Mariquina contenga los mismos vicios de la investigación llevada por inteligencia de Carabineros sobre los ocho comuneros mapuche vinculados con la CAM que fueron detenidos y posteriormente sobreseídos por falta de pruebas.
Misma investigación que motivó que el martes pasado se realizara un nuevo allanamiento a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) de Temuco; situación que fue calificada como «abusiva» por Marisa Navarrete, abogada defensora de los funcionarios policiales y del propio Smith.
