Es un tema que preocupa mucho y que por ello ha ido ganando espacio: la posibilidad de que debido principalmente a factores externos, Chile sufra una crisis alimentaria.
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Y se ve potenciado por un informe de la ONU que indicó que en nuestro país 3,4 millones de personas (el 18% de la población) se vieron expuestas entre 2108 y 2020 a “inseguridad alimentaria grave o moderada”, es decir, les costó acceder a alimentos saludables y nutritivos.
El estudio añadió que 600 mil chilenos y chilenas sufrieron subalimentación, es decir, hambre, de manera constante entre 2020 y 2021, el periodo más duro de la pandemia de covid-19.
La crisis sanitaria mundial por el coronavirus, los graves problemas en las cadenas logísticas (debido a enclaustramientos en China por culpa del covid-19), la guerra que va para los cuatro meses entre Rusia y Ucrania (dos grandes productores de granos y también de petróleo) y el alza en los valores de semillas y fertilizantes son hechos que han elevado el precio de los alimentos en todo el planeta.
Por eso tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, levantaron advertencias, que llegaron al Ministerio de Hacienda y fueron trasmitidas a los parlamentarios nacionales.
Y quien fue ministro de Agricultura en el segundo periodo del Presidente Sebastián Piñera, Antonio Walker, señaló que “la seguridad alimentaria del mundo va a ser afectada, por eso ya estamos viendo los altos precios de los “commodities”. En Chile tenemos que enfrentar esto con mucha seriedad, y sería positivo crear un Comité Interministerial para ver cómo enfrentar el tema”.
En similares términos se manifestó otro exministro de Agricultura, Carlos Furche, quien ejerció el cargo en el segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet.
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“La crisis alimentaria internacional empieza a inquietar a nuestro país. Al alza sostenida de los precios de alimentos básicos, se ha sumado la preocupación sobre el abastecimiento futuro de bienes esenciales, como el trigo, el azúcar y las oleaginosas”.
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ATERRIZANDO EL PROBLEMA
Pero el economista y decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero Pérez, pone un tono de calma, aunque reconoce que hay inconvenientes.
“No estamos en crisis alimentaria. Lo que hay es un problema de acceso, pues los precios aumentan y se hace más difícil traerlos. Chile es un mercado abierto y pequeño, lo que le hace susceptible a cualquier vaivén internacional. Como importamos la mitad del trigo, el 70% del maíz, mucha carne de vacuno y también grandes cantidades de leche y de legumbres, estamos en problemas. Y si continúa el conflicto en Ucrania, seguirá subiendo el precio de los alimentos, por lo que algunos de ellos serán inaccesibles para ciertos grupos vulnerables, a los que es acertado apoyarlos con bonos que les ayuden a cubrir en parte el poder adquisitivo perdido para comprar comida”.
El académico agregó que “debemos analizar qué podemos hacer para mejorar nuestra productividad agrícola. Esta situación es una nota de alerta para empezar a aplicar más tecnología a e innovación”.
Según Rodrigo Montero Pérez, “es vital además que vuelva la normalidad a la Región de La Araucanía, que es un verdadero granero nacional. Esa es una zona agrícola muy importante, y por eso este es el peor momento para que tengamos problemas allá”.
CREAN COMISIÓN ESPECIAL
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, declaró ayer por la mañana en Radio ADN que “es difícil que Chile esté expuesto a una crisis alimentaria, porque es uno de los países con más diversidad en lo relativo a la realidad campesina”.
“Somos una potencia agroindustrial del hemisferio sur, y uno de los tres países que más exporta al hemisferio norte. Y contamos con una diversificación agrícola no menor. Por eso no ha faltado alimento en ferias libres ni en mercados mayoristas ni en supermercados”, añadió el secretario de Estado.
Ya por la tarde, y desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Agricultura anunció el nacimiento de la Comisión Nacional para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, una instancia de carácter público-privada que incluye a actores institucionales de la cadena agroalimentaria del país.
La tarea de este grupo de trabajo -en el que participan ocho ministerios- es definir el diseño de lo que ha sido llamado “Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria”.
“Chile viene sorteando de manera aceptable el alza de precios mundial y otros problemas actuales de la alimentación mundial”, explicó Esteban Valenzuela.
La Comisión propondrá medidas de corto plazo y también una política de Estado robusta y consensuada sobre el tema para fines de 2022, que el Presidente Gabriel Boric debería presentar al país a mediados de enero de 2023.
UNA MIRADA DESDE EL PARLAMENTO
La diputada socialista Emilia Nuyado, representante del Distrito 25 y quien integra la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, señaló que “los pequeños productores coinciden en que desde hace 30 años les faltan recursos, lo que se suma a la crisis hídrica causada principalmente por la empresas forestales. Y esto no es culpa de la reivindicación mapuche como algunos dicen”.
Según la parlamentaria, a ese grupo “les afecta el alza del precio de semillas y fertilizantes, y también la falta de agua. Además, es muy triste ver que dependan de los grandes agricultores para sembrar y cosechar, pues tienen que esperar que los primeros ocupen la maquinaria, que los menores no poseen, para luego trabajar”.
Sobre qué se debe hacer, la diputada sostuvo que “para los 30 años que vienen, el Gobierno debe tomar medidas con urgencia, que vayan en apoyo de los agricultores y así se avance en seguridad y soberanía alimentaria. Es necesario contar con un importante presupuesto para que haya, por ejemplo, riego tecnificado. Así lo que pase afuera nos afectará menos. Si esto no se hace, seguirán ganando los poderosos y los que especulan con los precios de los alimentos”.
