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Confirman prisión preventiva para Raúl Torrealba y exalcalde de Vitacura deberá seguir detenido en anexo Capitán Yáber

Primera Sala de la Corte de Apelaciones argumentó su decisión en la convicción que el exjefe comunal “es un peligro para la seguridad de la sociedad”.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes la prisión preventiva para el exalcalde de Vitacura mientras dure la investigación de 150 días por delitos de corrupción y fraude al fisco.
Raúl Torrealba. Fuente: AgenciaUno.

Los jueces integrantes de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron este lunes, y en fallo unánime, la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber para el exalcalde Vitacura, Raúl Torrealba, en el marco de las investigaciones llevadas por el Ministerio Público en su contra por una serie de delitos de corrupción y fraude al fisco.

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Según informaron esta tarde en adnradio.cl, el fallo viene a revalidar el ya emitido en primera instancia por la cuarta sala del Juzgado de Garantía capitalino, cuyos jueces decretaron el pasado 16 de junio en contra de Torrealba “como autor de delitos tributarios, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita”.

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Uno de los argumentos jurídicos, sino el principal en la decisión unánime tomada por el tribunal de apelación, estuvo en que el acusado constituye “un peligro para la seguridad de la sociedad”, por lo tanto su libertad provisional u otra cautelar ajena al cumplimento de su prisión preventiva en un recinto carcelario, constituye un peligro para la comunidad.


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Cabe destacar que en los alegatos preliminares a la resolución de primera instancia -Juzgado de Garantía-, el abogado de Torrealba argumentó enfermedades basales de su cliente para evitar que el exmilitante RN cumpliera con la cautelar de privación efectiva de su libertad.

Sin embargo, dicha postura fue rechazada por los jueces del tribunal de alzada, quienes al igual que los colegiados de Apelaciones, mantuvieron firme la medida por los 150 días de investigación decretados para recopilar las pruebas que permitan comprobar los ilícitos eventualmente cometidos por el exjefe comunal durante sus últimos años de gestión municipal.


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