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Durante esta mañana, el diputado de RN, Nicolás Monckeberg, y el prosecretario de la UDI, Jorge Alessandri, presentaron en la Contraloría General de la República un requerimiento para que se declare ilegal el contrato en el que el Ejecutivo, por trato directo, entregó a la cineasta Tatiana Gaviola, la responsabilidad de la realización de un registro documental sobre el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Producto audiovisual que tendría un costo de 40 millones.
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En el oficio presentado ante la Contraloría, se solicita que el organismo fiscalizador investigue la legalidad de la contratación por trato directo y no por licitación pública “privando la concurrencia de otras ofertas, en directo beneficio de una ex colaboradora de su campaña presidencial”.
En este aspecto, el diputado Monckeberg enfatizó que “nadie discute el talento de Tatiana Gaviola en el área documental, por lo mismo habría ganado un concurso público. Más allá de lo personal no es correcto ni legal que se haya asignado a dedo el contrato a quien entonces era funcionaria de gobierno”.
En segundo lugar, el oficio presentado ante el ente fiscalizador demanda que se indague si los 40 millones destinados al pago del producto audiovisual constituyen «un gasto de publicidad encubierto» antes que una realización que busque preservar la memoria histórica de la actual administración.
Al respecto, Monckeberg señaló que “el gobierno está faltando a la verdad cuando dicen que buscan resguardar imagines históricas, porque hoy y como ha sido en todos los gobiernos, existe una unidad de memoria historia”, y añadió que el documental “es publicidad encubierta, tienen todo el derecho a hacerlo pero no con fondos públicos”.
PUB/JLM